A principios de la década de los 90, un gran número de refugiados fueron dispersados por el estado francés estableciendoles una asignación administrativa. Alrededor de 20 de ellos decidieron romper la asignación y regresar al País Vasco norte, en una iniciativa a favor del derecho a vivir en Euskal Herria. Un encierro que duró dieciocho días tuvo lugar en la catedral de Baiona para reivindicar el derecho a vivir en Euskal Herria. Al finalizar la protesta, declararon que intentarian conseguir papeles para seguir viviendo en Iparralde y tratar de regular su situación.
La policía francesa los detuvo y puso a algunos a disposición de la policía española.